Sin ningún tipo de tapujos, el Gobierno Nacional sigue avanzando con su feroz plan de ajuste, en esta oportunidad, a través de un repudiable decreto con el que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación recortó y dio de baja a más de 70 mil pensiones a personas con discapacidad en lo que va de este año.
Atrás quedaron aquellos días en que vivir dignamente involucraba también a las personas con discapacidad. Al echar mano al decreto 432, firmado en 1997 por Carlos Menem, este Gobierno Meritocrático alcanzó su punto más álgido, cargándose a las personas con discapacidades, dejando en sus manos la posibilidad o no de trabajar, como si se tratara de una cuestión de pura voluntad.
Sin importarle a nuestros dirigentes si el auto que posee el discapacitado es indispensable para garantizar su movilidad, y sin analizar las condiciones socio-ambientales de aquéllos a quienes les quitaron su pensión, la urgencia del Gobierno se enfoca en recortar “gastos”, quitando derechos a aquéllos que menos tienen y que más necesitan de la ayuda del Estado.
Desde ADUBA estamos convencidos que los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad deben ser totalmente garantizadas por el Estado, y aspiramos a lograr uno de los principales objetivos de nuestra Institución: su plena integración en la vida académica.
Por ello, rechazamos absolutamente la decisión del Gobierno Nacional, y exigimos que dé marcha atrás con este decreto, anhelando que nuestros dirigentes entiendan que sin el apoyo del Estado, los derechos de las personas con discapacidades, así como su integridad e inclusión, se ven irremediablemente perdidos.
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