Defender la Universidad Pública e Inclusiva es defender la soberanía nacional y la justicia social

Comunicado conjunto de ADUBA y APUBA

Con sospechosa regularidad, los detractores del sistema universitario argentino, público y sin aranceles, alzan sus voces y despliegan porcentajes y adjetivos peyorativos por los distintos medios de comunicación hegemónicos en peligrosos intentos de desacreditarlo ante la opinión pública. Este domingo, en el diario La Nación, pudo leerse a un economista y ex funcionario arremeter nuevamente contra la inclusión universitaria argentina.    

Una vez más, y en un contexto extremadamente inusual como lo es una pandemia de esta magnitud, los ataques sistemáticos a nuestras universidades vuelven con la intención de despertar en el imaginario social dudas sobre la calidad de nuestro sistema de educación universitario público, de gran reconocimiento, que se ubica entre los primeros puestos en los principales rankings mundiales, y que ha entregado al mundo gran cantidad de académicos y científicos destacados, entre ellos, varios premios Nobel.

Lo hacen incluso a pesar de los inmensos esfuerzos de trabajadores Docentes y Nodocentes, a pesar de los fundamentales avances científicos que se han desarrollado en nuestras instituciones científicas y tecnológicas, a pesar de los trabajadores que ponen su cuerpo en la primera línea de batalla, todos los días, en los hospitales públicos que dependen de nuestras universidades, a pesar del carácter inclusivo y social de nuestro sistema educativo.

Aquellos que vociferan a diestra y siniestra porcentajes de deserción descontextualizados, ignoran a conciencia que el objetivo de nuestras universidades no es escupir graduados. La formación profesional es uno de los tantos objetivos de nuestro sistema de educación universitaria, entre los cuales se encuentra también, nada menos, que el desarrollo humano integral, imposible de medir con parámetros estandarizados y cifras simplistas.

Semejantes declaraciones en este escenario adverso sólo revelan un ataque que pretende buscar un futuro donde quienes menos tienen accedan menos, mientras Docentes y Nodocentes hacemos lo imposible por garantizar la permanencia de nuestros estudiantes, a pesar del COVID, de la crisis y de quienes intentan decirles que, si las notas no les dan, su futuro no puede ser el que desean.

Todos los argumentos se basan en lógicas de mercado que hoy se evidencian como insuficientes para el resguardo de la vida humana en sociedad, y se desentienden, además, de las complejidades que a raíz de esas insuficiencias el Gobierno nacional debe afrontar para hacer frente a la crisis mundial sin precedentes. 

Nuestra educación superior es un bien público social, derecho humano fundamental y universal, siendo una garantía esencial para el desarrollo justo de nuestra sociedad. Trabajamos por una Universidad igualitaria e igualadora, sin discriminación de ningún tipo.