ADUBA repudia el irregular allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina a las Residencias Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue.
Denunciamos el avasallamiento violento de la autonomía universitaria, ya que la orden de allanamiento exhibida no llevaba firma de juez federal alguno, lo que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, el cual expresa que “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.”
El allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes de las Residencias Universitarias, lo que se agravó por la insólita negativa de los funcionarios policiales de permitir el ingreso de abogados.
Exigimos el inmediato cese del accionar irregular por parte de la Policía Federal Argentina y solicitamos a los responsables del caso que den las explicaciones pertinentes.
Compartimos a continuación el comunicado completo emitido por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Lic. Andres Ponce de León:
El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Lic. Andres Ponce de León y su equipo de gestión expresan su preocupación y repudio por el irregular allanamiento llevado adelante por la Policia Federal Argentina en las residencias universitarias.
Cabe destacar, que la orden de allanamiento exhibida por la Policia Federal no llevaba firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza federal en una palmaría ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, el cual expresa : “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.”
Asimismo, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la FADECS, y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes de las Residencias, lo que se agravó por la insólita negativa de los funcionarios policiales de permitir el ingreso de abogados, que además resultan ser docentes de nuestra casa de estudios.
Si bien no consentimos, ni avalamos el incumplimiento de ley alguna por parte de los miembros de la comunidad universitaria, consideramos que a priori, de las escasas pruebas que obran en el expediente y de los resultados del allanamiento -que por otra parte, resultan susceptibles de planteos de nulidad, por la dudosa validez jurídica de la orden de allanamiento- resultaría que nos encontramos ante situaciones análogas al fallo “Arriola” de la CSJN y por ende, conductas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Resulta sorprendente la celeridad y rapidez con la que se decidió la intervención de la Justicia en este caso, teniendo en cuenta los seis meses de pasividad absoluta ante la toma de las instalaciones del Decanato, que afectaron notoriamente el funcionamiento de la FADECS, con graves perjuicios académicos y administrativos para toda la comunidad universitaria.
Estimamos que la Justicia Federal, debiera destinar sus esfuerzos y valiosos recursos humanos y económicos con los que cuenta, a perseguir e investigar los verdaderos flagelos que afectan a nuestra sociedad: el narcotrafico, la trata de personas, la evasión fiscal, el contrabando, entre otros tantos delitos sujetos a la jurisdicción federal.
Exigimos el inmediato cese de tal accionar irregular por parte de la Policia Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, y solicitamos a los responsables del caso que den las explicaciones ‘ pertinentes ante la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.
