Desde ADUBA, respaldamos con firmeza la reciente resolución del Consejo Superior de la UBA que dispone recurrir a la Justicia para defender la Ley de Presupuesto Universitario y que, tras la aprobación en el Congreso, el Gobierno cumpla con sus funciones y la aplique.
La Ley tiene por objetivo garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales de Argentina y la recomposición salarial de los/as trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes.
El decreto Nº 759/2025 dispone formalmente que se promulgue la Ley pero suspende materialmente su ejecución, alterando el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebrantando la voluntad soberana del Congreso de la Nación.
Para lograr que el Gobierno asigne urgentemente los recursos presupuestarios necesarios para la aplicación de la Ley, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes, las y los docentes de ADUBA acompañamos a nuestra Universidad en las acciones que sean necesarias para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales, que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática.
Junto a nuestro Consejo Superior, remarcamos que no ejecutar la Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina.
