Las reformas laborales que quiere el Gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso persiguen a los jueces que los hacen respetar. Avance sobre los derechos de los trabajadores.
“Si ganamos en octubre vamos a un ajuste durísimo”, expresó con sinceridad el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en Nueva York frente a jefes de bancos y fondos de Wall Street. Por eso en octubre no solo se renuevan parcialmente las cámaras del Congreso. Se plebiscita el gobierno de Macri y se define la Argentina de los próximos dos años.
Si el gobierno hace una buena elección irá a fondo con su programa. Veamos qué implica en materia laboral. Para explicarlo recurrimos a: 1) qué hizo en un año y medio de gobierno, 2) declaraciones del presidente y sus funcionarios, 3) qué quieren los sectores a los que representa, y 4) qué hicieron otros gobiernos con igual ideología.
El gobierno no quiere paritarias libres; quiere que sean a favor de las empresas, bajar el costo laboral y maximizar la rentabilidad. En enero los bancarios acordaron un incremento mayor al techo pretendido por el gobierno y la banca extranjera. El acuerdo estaba legalmente vigente, pero el gobierno aliado a la banca internacional lo rechazó invocando una ley derogada hace 17 años. La Justicia ordenó a los bancos pagar el aumento y al Ministerio no interferir. Funcionarios gubernamentales se reunieron con banqueros –incurriendo en desobediencia judicial– para que éstos no paguen el aumento. La unidad y fuerza de los bancarios que anunciaron un paro de tres días venció la resistencia gubernamental/banquera.
La ley obliga al Estado Nacional a convocar la paritaria nacional docente para acordar el salario mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las provincias. El gobierno se negó a convocarla no obstante que una sentencia se lo ordenó. La negociación colectiva es un derecho garantizado a los gremios (artículo 14 bis Constitución Nacional).
El gobierno fijó ilegalmente un techo salarial para las paritarias, que no solo es inferior a la inflación proyectada, sino que no recupera la pérdida del poder adquisitivo del 2016. Eso es transferencia regresiva del ingreso; lo que no va a salario se lo quedan los empresarios: creció la venta de autos de alta gama y bajó el consumo de leche.
Como Cavallo en 1991 quiere limitar los aumentos al crecimiento de la productividad, que impide la distribución progresiva del ingreso, consolida su reparto inequitativo, y no depende de los trabajadores sino de las empresas.
El gobierno no quiere paritarias por actividad. Las quiere por empresa; porque así lo exigen las corporaciones y se lo hicieron saber en su “tribuna de doctrina”, el diario La Nación, el 26 de julio del año pasado. El mismo modelo de negociación de los ‘90, sin incrementos salariales.
No quiere protección en el empleo ni indemnización por despido. Quiere que los trabajadores financien su despido, aportando a cuentas de capitalización y retirando “su ahorro” cuando son despedidos. Esto ya lo reveló el secretario de Empleo, Miguel Punte, en enero de este año/17, cuando afirmó que “para las empresas despedir trabajadores tiene que ser algo natural, como comer y descomer”. O sea, para el funcionario los trabajadores son eso que se descome. No fue un exabrupto, no hubo desmentida ni retractación y sigue ocupando el cargo: es la posición del gobierno nacional.
El presidente elogió la flexibilidad al anunciar su plan de deseos para la industria automotriz. ¿Qué es la flexibilización? Lo que hicieron los gobiernos de 1999/2001: contratos basura, sin estabilidad, sin indemnización, con salarios reducidos y sin derecho a categoría y tareas. Además, el cese de la ultraactividad de los convenios. El Ministerio de Trabajo, de manera ilegal, autorizó a Mac Donald’s a contratar 5000 jóvenes para trabajar 6 horas por día con un sueldo de 4500 pesos, inferior al salario mínimo vital y móvil. Esos trabajadores sustituirían a otros comprendidos en el convenio colectivo de trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo frenó ese acuerdo ilegal.
El presidente Macri dijo que “cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien” (9/7/16) y que “hay que trabajar los sábados y domingos” (3/4/17). Adelantó lo que viene: jornadas flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábados y domingos y franco a mitad de la semana, y sin derecho a cobrar horas extras. La OIT establece exactamente lo contrario en materia de jornada de trabajo.
Al inaugurar una planta (que no era nueva sino una mudanza con despidos) culpó a los trabajadores de poner palos en la rueda complicándole la vida al resto de la sociedad cuando “fuerza un ausentismo” o “inventa un juicio”. No hizo ningún reproche a las empresas que evaden –meses antes justificó la evasión tributaria diciendo a los empresarios “ya no vamos a tener que escondernos”–, a los que tienen trabajadores en negro, a los que no cumplen con las normas de higiene y seguridad. Ni felicitó a los trabajadores que hacen respetar sus derechos en juicio. Para él, los trabajadores son tramposos.
Más allá de que si un trabajador inventa un juicio lo pierde, al presidente Macri no le molesta la incorrección de un juicio inventado (sino su empresa Correo Argentino SA no habría inventado un juicio contra el Estado); le molesta que los trabajadores acudan a la Justicia para hacer respetar sus derechos. Macri, presidente del Correo Argentino SA, perdió un juicio en el 2000 por práctica antisindical (“Jerez, Victor c/ Correo Argentino SA s/Práctica Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III) por las presiones ejercidas contra trabajadores para que se desafilien de sus sindicatos.
Cuando el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó por qué no llegaban las inversiones, Macri le echó la culpa a “la Justicia Laboral”, que es donde los trabajadores reclaman por sus derechos vulnerados. Por eso el gobierno ataca a la Justicia Laboral y persigue a los jueces que aplican la ley y protegen los derechos laborales. El gobierno quiere desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo –creada por Perón en 1944, cuyos fallos inspiraron a la Ley de Contrato de Trabajo y sus criterios protectorios se expanden a todo el país– y transformarla en una justicia municipal de la CABA. Este proyecto no es un tema territorial. Si sigue siendo Nacional, el gobierno no puede remover a los jueces sin mayoría de 2/3 en el Consejo de la Magistratura de la Nación –por eso maniobra para tener mayor hegemonía–. Pero si pasa a la CABA le basta una mayoría simple en el Consejo de ésta; y esta mayoría simple la tiene. No es una especulación. El gobierno quiere remover a los jueces que protegen derechos laborales contra los intereses del gobierno y sectores que éste representa: ya pidió el juicio político a los dos camaristas que ordenaron cumplir la paritaria bancaria, a otros dos que ordenaron una reinstalación en la AFSCA y a una jueza que dispuso otra en Vialidad. Mas allá del “efecto disciplinador” hacia otros jueces, todavía no pudo removerlos; en la CABA ya los habría removido y el disciplinamiento sería mayor.
Las reformas laborales que quiere el gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso van por los jueces que los hacen respetar. Si en octubre Macri gana irá directamente por los derechos de los trabajadores.
* Diputado de la Nación. Presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ.
