Se trata de una resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que dispone un protocolo que entrará en vigencia “una vez cumplidos los procedimientos necesarios que en materia de actividades autorizadas, traslados interjurisdiccionales y transporte se dicten por las autoridades”, y establece un piso mínimo de condiciones para el retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y de higiene, salud y seguridad, así como de organización académica y pedagógica.
Esto no significa el retorno masivo a la presencialidad, sino que, a través de este documento, se da el marco necesario para que las unidades académicas que tengan carreras con materias que necesiten, por sus particularidades, retornar a algún tipo de instancia presencial, puedan tramitar los permisos necesarios a los gobiernos nacional, provincial y municipal.
El protocolo fue elaborado a partir de los aportes de la Asociación de Docentes de la UBA, tomando como referencia el documento nacional presentado oportunamente por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), y se suma a las acciones de resguardo en materia de derechos laborales para docentes universitarios y de salud que venimos trabajando desde el inicio de la pandemia.
