DESDE ADUBA EXIGIMOS JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO ¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

A un año de la desaparición de Santiago Maldonado, desde la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) responsabilizamos al Gobierno por su accionar, e instamos al Estado, a través de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a explicar qué pasó, porque fue bajo el accionar de una orden estatal que se produjo su desaparición y muerte.

Sostenemos que se trata de un ejercicio de la violencia institucional que viola los derechos de las personas y responde a una toma de decisión premeditada.

Desde la desaparición de Santiago Maldonado, el 1° de agosto de 2017, durante un violento operativo represivo de desalojo, a manos de Gendarmería, del Pu Lof ubicado en las conflictivas tierras que hoy ocupa la multinacional Benetton, a kilómetros de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. 77 días después, hallaron su cuerpo a pocos metros de la zona en la que había sido visto por última vez.

Veintiocho peritos participaron en la autopsia y determinaron que la muerte fue producto de una “asfixia por sumersión en el agua del río Chubut y coadyuvado por hipotermia”, pretendiendo así descartar la responsabilidad de Gendarmería en el suceso y, por ende, del Gobierno.

No obstante, con esta conclusión, sólo se puede reiterar la responsabilidad del Estado en la muerte de Maldonado producto del abuso de la violencia de las fuerzas públicas y de las autoridades del ministerio de Seguridad que expusieron a Maldonado a una situación altamente riesgosa.

Contra toda toda evidencia y sentido lógico, desde desde el momento de su desaparición desde el Gobierno, apoyado por los medios de comunicación concentrados, se intentó eximir de responsabilidades a la Gendarmería y a las autoridades del ministerio de Seguridad. Este intento se redobló luego de que fuera hallado el cadáver en el río.

Por todo esto, nos sumamos a la exigencia al Estado de dar respuestas en este caso, así como también manifestamos nuestro repudio al nuevo intento del Gobierno de sembrar temor en la sociedad mediante el decreto inconstitucional que pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, en clara violación a las leyes de Defensa y Seguridad Interior.

Desde ADUBA exigimos al Estado que responda ante el uso indiscriminado de la violencia, y decimos ¡No a las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior!