Desde la Comisión Directiva de APUBA y ADUBA fuimos testigos este martes 10 de junio de uno de los hechos más graves en la historia de nuestra democracia actual. La proscripción reaparece como una herramienta de exclusión y disciplinamiento político. Los argentinos y argentinas observamos con preocupación cómo el Poder Judicial se pliega a intereses político-partidarios, sembrando dudas sobre su legitimidad y generando un profundo descreimiento social en la imparcialidad de la justicia.
Este fallo es una clara evidencia de la intromisión judicial en la vida institucional y política de la República. El veredicto popular se expresa en las urnas, y hoy se niega esa posibilidad. Un sector de los actores políticos y económicos de nuestro país intenta, con la justicia como brazo ejecutor, lograr lo que no pueden conseguir a través del voto. Cuando la justicia hace política, deja de ser justicia. Elegir y ser elegidos es un acto fundamental que nuestra democracia debe garantizar.
En los últimos tiempos, nuestra democracia ha sido afectada de diversas formas. En la Universidad Pública nos toca enfrentarnos al desfinanciamiento, ataques y una constante ignorancia por parte del gobierno de turno. Las trabajadoras y trabajadores docentes y Nodocentes de la Universidad de Buenos Aires sabemos que defendemos la democracia cada vez que garantizamos el derecho a la educación de miles de estudiantes, cada vez que defendemos nuestro derecho a trabajar por un salario y condiciones dignas, y cada vez que aseguramos el derecho a la salud de nuestra sociedad.
Dentro de nuestra universidad, diversos sectores ideológicos convivimos comprometidos con la garantía de poder vivir, trabajar y expresarnos en un país donde las instituciones no estén sometidas a los intereses de los poderes concentrados.
Como trabajadoras y trabajadores, no podemos ser indiferentes cuando lo que está en juego son las reglas esenciales de la vida política y la participación ciudadana.
No puede haber justicia ni instituciones creíbles si se proscriben candidatos por decisión de sectores de poder.
Desde ADUBA y APUBA reafirmamos nuestro compromiso con el derecho de la sociedad a elegir libremente los destinos de nuestro país, tal como lo hemos hecho ininterrumpidamente desde 1983.
