El Ejecutivo lanza una nueva andanada de aumento en los precios de los servicios, que limitará aún más la capacidad del poder adquisitivo de los salarios.
Esto no es una recomposición de las tarifas acorde a los porcentajes inflacionarios, sino que los excede en forma significativa, generando un efecto confiscatorio en los bolsillos de los trabajadores, incrementando, por encima de la inflación calculada, las ganancias de las empresas prestatarias.
Lo que nos da a entender que desde el Gobierno Nacional se aplican políticas que no reparten el proclamado “esfuerzo para salir adelante” de modo equitativo, sino que el hilo se corta por lo más delgado, dejando los beneficios de la aplicación de estas políticas a un reducido grupo de empresarios.
